Certidumbre jurídica
donde el territorio
es el activo.

Inteligencia Agraria Territorial, S.C. presentó una education session en la Conferencia Internacional de la International Right of Way Association (IRWA), celebrada en Omaha, Nebraska, a cargo de nuestros socios Manuel Sainz y Mauricio Correa. La IRWA es la principal asociación mundial de profesionales dedicados a la adquisición de derechos de vía para proyectos de infraestructura, y su conferencia anual reúne a especialistas de Estados Unidos, Canadá, México y otros países.

El caso presentado

La sesión expuso la estrategia de liberación de derecho de vía de un corredor carretero en la zona metropolitana de Guadalajara, cuyo trazo atraviesa tierra ejidal, parcelas de dominio pleno y propiedad privada. Esa mezcla de regímenes de tenencia fue el eje de la presentación: en proyectos de infraestructura, la ingeniería rara vez es el cuello de botella; el acceso al suelo sí lo es.

La tesis: derecho de vía planificado, no reactivo

La presentación sostuvo que la liberación de derechos de vía debe diseñarse dentro del proyecto desde el primer día, y no resolverse parcela por parcela una vez iniciada la obra. Ese enfoque descansa en la inteligencia territorial previa a cualquier contacto con propietarios, en el diseño de instrumentos jurídicos diferenciados según el régimen de tenencia de cada parcela, en la estructuración institucional del proyecto y en el trabajo previo y transparente con las comunidades agrarias.

Frente a la vía tradicional de una sola ruta de adquisición, la firma expuso un modelo híbrido en el que cada instrumento jurídico se asigna según la naturaleza de la afectación y el régimen de cada parcela, privilegiando la adquisición de derechos sobre la adquisición de tierra cuando el proyecto no requiere la propiedad plena.

El sistema ejidal ante una audiencia internacional

Una parte central de la sesión estuvo dedicada a explicar el sistema ejidal mexicano a profesionales de derecho de vía de otros países: su origen en la reforma agraria, la autoridad de la asamblea como órgano de decisión y la coexistencia de distintos regímenes de tenencia en un mismo corredor. El mensaje para la audiencia fue claro: en tierra de régimen social no se negocia con individuos aislados; se trabaja con instituciones.

Conclusión de la sesión

La presentación cerró con una idea que resume la práctica de la firma: el futuro del derecho de vía no consiste en adquirir tierra, sino en crear las condiciones para que la infraestructura suceda. Los proyectos no fracasan porque los ingenieros no puedan construirlos; fracasan cuando no se logra alinear suelo, instituciones y personas.

Para mayor información sobre la sesión o sobre la práctica de derechos de vía de la firma: proyectos@iagraria.com

Mauricio Correa y Andrés Gasca asistieron al QRO Energy Gas Forum 2026, realizado el 4 de junio en el Club de Industriales de Querétaro, un espacio que reunió a autoridades, empresas y especialistas para analizar el papel del gas natural en la competitividad industrial, la transición energética y el crecimiento del Bajío.

El foro contó con la participación de actores relevantes del sector público y privado, entre ellos el Gobernador del Estado de Querétaro, Lic. Mauricio Kuri González; Mauricio Reyes Caracheo, de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro; Marco A. Del Prete, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; el Embajador del Reino de Noruega en México, Excmo. Sr. Dag Nylander; así como representantes de empresas y organismos como ENGIE, TC Energía, Baker Hughes, GE Vernova, Siemens, NATGAS, Korn Ferry, AKZA Energía, AB Energy y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

El mensaje central fue claro: el desarrollo industrial de Querétaro y del Bajío dependerá cada vez más de contar con energía suficiente, confiable, competitiva y sostenible. Durante el evento se abordaron temas como la realidad del gas natural en México, su papel en la transición energética, la generación eléctrica, la descarbonización industrial y la relevancia del Bajío dentro del mapa energético nacional e internacional.

Para empresas, desarrolladores e inversionistas, la lectura es directa: los proyectos industriales y energéticos requerirán una visión integral que combine infraestructura, regulación, territorio, permisos, derechos de vía, gestión social y certidumbre de largo plazo. Nuestra participación en el foro refuerza la importancia de acompañar a los clientes desde una perspectiva técnica, territorial y estratégica, especialmente en proyectos de infraestructura, energía y desarrollo industrial en regiones de alto crecimiento como Querétaro y el Bajío.

El 15 de junio de 2026, la Procuraduría Agraria, encabezada por Víctor Suárez Carrera, publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo que establece el procedimiento que deben seguir los ejidos y comunidades agrarias para obtener la opinión institucional previa a la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, en términos de los artículos 23 fracción IX, 75 y 100 de la Ley Agraria.

Su publicación responde a la derogación del Capítulo IX del Reglamento Interior de la Procuraduría en abril de 2025, que dejó un vacío regulatorio en esta materia. El nuevo Acuerdo dota de certidumbre y seguridad jurídica a los sujetos de derecho agrario y homologa las reglas aplicables en todo el país.

Aspectos relevantes

El Acuerdo establece el procedimiento y los requisitos para que la Procuraduría emita su opinión sobre proyectos de aportación de tierras de uso común a sociedades, aplicable a toda solicitud presentada ante las Oficinas de Representación en las 32 entidades federativas. El Comisariado Ejidal o Comunal debe presentar la solicitud por escrito, acreditando personalidad jurídica y anuencia asamblearia, acompañada del acta de asamblea, el proyecto de desarrollo (con estudios técnico, administrativo, jurídico y financiero), el proyecto de escritura de la sociedad, la información y estados financieros del inversionista, un avalúo vigente (INDAABIN o institución de crédito), la autorización de cambio de uso de suelo, el plano topográfico conforme a normas del RAN y, en su caso, la acreditación de consulta indígena.

Los plazos están definidos: radicada la solicitud, la Dirección General de Organización Agraria (DGOA) dispone de 10 días para emitir Acuerdo de Prevención si el expediente está incompleto (el Comisariado tiene 15 días para subsanar); una vez integrado, la DGOA cuenta con 30 días para elaborar el proyecto de opinión, más 8 días de revisión jurídica y 5 días de revisión de la Subprocuraduría General. La opinión se pronuncia sobre la certeza de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales, y la equidad en los términos de la operación.

El Acuerdo también exige que los estatutos de la sociedad limiten el objeto social a actividades agrarias, forestales o de turismo comunitario; incluyan un Consejo de Administración con al menos un ejidatario o comunero; emitan acciones serie 'T' a favor del núcleo agrario; y prevean participación equitativa en dividendos. En caso de disolución, la Procuraduría vigila el derecho de preferencia del núcleo agrario sobre las tierras aportadas. La solicitud es improcedente cuando el proyecto pretenda destinar las tierras a actividades distintas a las agrícolas, ganaderas, forestales, de apicultura, acuacultura, silvicultura o turismo comunitario.

Implicaciones para nuestros clientes

Este Acuerdo resulta relevante para ejidos, comunidades agrarias, desarrolladores, fondos de inversión y empresas industriales o agroalimentarias que proyecten estructurar operaciones sobre tierras de uso común. Los proyectos de inversión que impliquen la aportación de tierras ejidales a una sociedad requieren la opinión favorable de la Procuraduría antes de celebrar la asamblea que resuelva la aportación. La documentación exigida es robusta, los plazos son acotados pero dependen de integrar el expediente completo desde el inicio, y las sociedades ya constituidas deben revisar si sus estatutos cumplen los requisitos para ser elegibles como receptoras de la aportación.

Resumen informativo elaborado por Inteligencia Agraria con fines de divulgación exclusivamente. No constituye opinión jurídica ni asesoramiento legal. Para asesoría específica: proyectos@iagraria.com

En México, la liberación de derechos de vía sigue tratándose como una tarea administrativa: adquirir parcelas una vez definido el trazo e iniciada la obra. Esa lógica reactiva es precisamente lo que convierte el acceso al suelo en el principal cuello de botella de los proyectos de infraestructura, por encima de la ingeniería o el financiamiento.

Nuestra visión es distinta: el derecho de vía es una disciplina de inteligencia territorial que debe diseñarse dentro del proyecto desde el primer día. Antes de cualquier contacto con propietarios, exige leer el territorio, sus regímenes de tenencia y sus dinámicas sociales, y traducir esa lectura en instrumentos jurídicos diferenciados.

Un mismo corredor puede atravesar tierra ejidal, parcelas de dominio pleno y propiedad privada, cada una regida por reglas distintas. Aplicarles una sola ruta de adquisición es una receta para el retraso. La alternativa es un modelo híbrido que asigna cada instrumento, servidumbre, ocupación temporal, usufructo, promesa de compraventa, adquisición plena, según la naturaleza de la afectación y el régimen de cada parcela, privilegiando la adquisición de derechos sobre la de tierra cuando el proyecto no requiere la propiedad plena.

En tierra de régimen social el principio es innegociable: no se trata con individuos aislados, se trabaja con instituciones, la asamblea, el comisariado, el núcleo agrario, con transparencia y trabajo previo. Los proyectos no fracasan porque los ingenieros no puedan construirlos; fracasan cuando no se logra alinear suelo, instituciones y personas. Crear las condiciones para que la infraestructura suceda es, al final, el verdadero trabajo del derecho de vía.

Una perspectiva de iA. Para más sobre la práctica de derechos de vía de la firma: proyectos@iagraria.com